Mérida, Yucatán a 05 de septiembre de 2016.- El reconocido catedrático e investigador del ámbito penal Miguel Alonso Ontiveros, señaló que Yucatán es un estado de avanzada al permitir una amplia posibilidad de delitos que pueden ser imputados a las empresas, en caso de que hayan incurrido en algún delito.
En la conferencia “Responsabilidad penal de las personas jurídicas” en la sede del Poder Judicial del Estado, el destacado investigador, quien es asesor de la ONU y la OIT, agregó que el hecho de que hayan dos categorías de imputación de delitos, permite procesar penalmente por un lado a las personas físicas y por otro a las empresas, aunque también pueden darse los dos casos al mismo tiempo, cuando se presuma que haya cometido el delito una persona pero también la empresa que representa o en la que trabaja.
Ontiveros Alonso, doctor en derecho penal y derechos humanos por la Universidad de Salamanca, España, expuso que la legislación yucateca, a diferencia de otras, ha dejado abierto el catálogo de delitos que pueden ser imputados a las empresas, lo cual “es un acierto que hay que aplaudir”.
“El modelo yucateco puede ser un modelo para México porque las personas jurídicas no solo defraudan, explotan personas, cometen delitos como la esclavitud, el turismo sexual o el narcotráfico, sino que también cometen homicidios, por ejemplo, cuando ocurre una explosión de gas o se producen medicamentos que no fueron controlados debidamente”.
Señaló que hay algunos códigos penales como el federal que limitan la posibilidad de imputar a empresas el delito de homicidio.
Explicó que los investigadores, agentes del Ministerio Público, fiscales, defensores y jueces deben prepararse para saber llevar el proceso a estos “entes colectivos” que son las empresas, ya que las sentencias condenatorias pueden llegar a la disolución de éstas.
Aseguró que, tal como ocurre con las personas físicas, en estos procesos las empresas imputadas por algún delito pueden defenderse y una herramienta importante para esta defensa son los programas de cumplimiento, por medio de los cuales hacen constar y demuestran ante los Fiscales que sus empleados están capacitados para realizar las actividades para las cuales son contratados y en consecuencia, son capaces de responder por sus acciones.
Agregó que los procesos penales en contra de empresas, al igual que el de personas físicas, también tienen que realizarse con responsabilidad e imparcialidad, ya que desempeñan una función social muy relevante dando trabajo a decenas, cientos o miles de familias.
Por ello, dijo, estas nuevas disposiciones, que se irán extendiendo en todo el país, generarán un “boom” de aplicación de programas de cumplimiento en la iniciativa privada del país, lo que beneficia a las empresas, a los empleados y a la sociedad en general.
En el evento estuvieron presentes magistradas y magistrados del TSJ, personal de la Fiscalía y de la secretaria Ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia así como diputados locales, jueces y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública entre otros.