Mérida, Yucatán, 6 de junio de 2017.- Empresarios asociados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida se reunieron con Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, para plantear algunas circunstancias y dudas respecto a la implementación y aplicación de la justicia.

El presidente de la CANACO Mérida, Juan José Abraham Daguer, ante la presencia del Magistrado Presidente, Marco Celis Quintal, así como de ocho Magistrados más, explicó que entre los asociados de esta cámara existe cierta inconformidad con respecto a la aplicación de sanciones a quienes cometen robo a casa habitación, pues consideran que no se impone una pena correcta, además de que no hay prisión preventiva para esas personas.

De hecho, dijo, entre el sector empresarial se tiene la idea de que con la nueva implementación de justicia no se ha inhibido el delito de robo a casa habitación, pues se tienen estadísticas que indican que se incrementó entre 10 y 15 por ciento.

Abraham Daguer señaló que otro tema en que los asociados a CANACO Mérida manifiestan ciertas imprecisiones es acerca de los procesos civiles y mercantiles, donde muchas veces sienten que no se tiene una correcta aplicación de la Ley.

El Magistrado presidente del TSJ de Yucatán, Marco Celis Quintal, señaló que en el tema de la prisión es la propia Constitución del país la que establece cuáles delitos son los que oficiosamente ameritan esa medida, en tanto se lleva a cabo el proceso penal que derivará en un fallo de inocencia o culpabilidad y en este último caso es cuando el indiciado pagará la pena correspondiente.

Y aclaró que aun cuando un delito sea considerado grave, la ley no permite a los jueces aplicar una medida cautelar de prisión preventiva si la parte que investiga, la Fiscalía General del Estado, no acredita una serie de circunstancias que la justifican.

La Fiscalía tiene que acreditar ante el juez si una persona que ha sido detenida en flagrancia es reincidente, para que se analice si debe ser sometido a la medida cautelar de prisión preventiva, apuntó.

“Nuestra función es reprimir el delito, pero no podemos hacerlo arbitrariamente, la culpabilidad tiene que acreditarse con elementos que nos traiga el investigador”, subrayó.

Celis Quintal reiteró a los empresarios de CANACO Mérida que en el Poder Judicial tienen el compromiso de combatir el delito, conforme a la Ley.

Respecto al tema de procesos civiles y mercantiles, subrayó que los jueces también están obligados a servir a los ciudadanos, pero siempre con base en la ley, en el respeto a los derechos humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por último, se propuso realizar mesas de trabajo y capacitación con el sector empresarial para el mejor entendimiento de los procesos de justicia en la entidad.