Con la finalidad de regular a las empresas chatarreras que adquieran principalmente metales provenientes de un bien público robado, el diputado del PRD, Nelson Gallegos Vaca, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Tabasco y que contemplan hasta la perdida de la autorización para funcionar en caso de que compren o vendan este tipo de residuos metálicos.
En la tribuna parlamentaria comentó que estás empresas obtienen jugosas ganancias y como ejemplo citó que cada tapa de alcantarilla de fierro o bronce puede pesar un promedio de 50 kilos, el costo del primero es de 4.50 pesos el kilo y el segundo alcanza hasta 70 pesos por kilo, obtenido el recolector ganancias de 300 hasta 3,500 pesos por unidad y por lo tanto la actuación de unos cuantos empresarios -que se encuentran a margen de la ley- afectan todo un gremio que aporta a la economía del estado.
Dijo que constante son las denuncias que hacen los ciudadanos y las autoridades que ven afectado la prestación de los servicios básicos de vivienda por la comisión de este tipo de delitos, incluyendo los accidentes que pueden provocar al dejar, por ejemplo, registros descubiertos, donde puede caer una persona o causar un accidente automovilístico o daños materiales, todo ello derivado por la falta de control de los lugares donde se comercializan estos productos para su procesamiento.
Señaló que la pretensión de esta iniciativa busca proteger el patrimonio público, inmobiliario o mobiliario pertenecientes a Estado y sus municipios, así como aquellos elementos destinados a la prestación de servicios indispensables como el agua y la electricidad, evitando su comercialización para el reciclaje, obligando a los prestadores de servicios a denunciar ante las autoridades competentes, cuando un recolector presente para comercialización principalmente metales, que tengan inscripción, logos o frases, que presuman ser de origen público, perteneciente a alguna entidad del gobierno federal, estatal y municipal.
” Que es necesaria una regulación más estricta a las empresas recicladoras, para evitar que adquieran principalmente metales provenientes de un bien público, tal es el caso de esculturas, nomenclaturas de calles, tapas, rejillas de alcantarillas, tubería de agua, líneas conductoras de hidrocarburos y tendido eléctrico; tanto del alumbrado público como de platas de tratamiento de agua potable y residuales”.