María Sirvent Bravo Ahuja, directora de “Documenta, Análisis y Acción para la Justicia”, calificó como retroceso la propuesta del Gobierno federal de cambiar a reos de penal sin orden judicial.

En entrevista, la activista advirtió que si esa facultad recayera exclusivamente en las autoridades penitenciarias, no sólo se vulneraría el debido proceso, sino que se podría incurrir en abusos.

“Creemos que esta propuesta de reforma es un retroceso a la vanguardia que representa la Ley Nacional de Ejecución Penal”, sentenció.

“Si nada más la facultad la va tener el sistema penitenciario, sin consultarle a la persona, sin escucharla, no se estaría garantizando el debido proceso y no estaría existiendo acceso a la justicia”.

REFORMA publicó hoy que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca que el traslado de reos no dependa del Poder Judicial, sino que sea facultad de las autoridades penitenciarias.

La dependencia planteó a legisladores una reforma al Artículo 18 constitucional en ese sentido, misma que consideró prioritaria.

“Es un hecho (que habría abusos), de hecho ya se abusa, porque ya siempre se dice que se trasladó a la persona por cuestiones de seguridad”, comentó Bravo.

“Nosotros entendemos que hay momentos en los que sí es cierto, pero hay muchos en los que no es cierto, y entonces se abusaría”.

Bravo consideró que los posibles traslados sin autorización judicial también violentarían el derecho a la defensa del reo, y pondrían a éste en riesgo de sufrir violaciones de otros derechos.

Recordó que la ley ya permite que en casos urgentes o por cuestiones de seguridad se cambie al reo sin autorización previa.

No obstante, enfatizó, el juez tiene un plazo de 48 horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado.

“En estos casos urgentes o que se vulnere la seguridad, (se podría hacer) algo mixto, que se flexibilice, se agilice, pero que después se notifique al juez de ejecución, y que sobre todo se cumpla con salvaguardas, con garantías que velen por la integridad de las personas trasladadas”, expuso.

“Que no se traslade durante la noche, que sí se le notifique a la familia, que la ley establezca ciertas garantías a respetar, porque si no se vuelven momentos completamente obscuros en los que la persona puede ser víctima de violaciones a muchísimos de sus derechos”.

La directora de Documenta afirmó que, de aprobarse esta propuesta, se estaría dando un golpe más al sistema garantista.