Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, salió a relucir de nuevo el tema del contrato millonario entregado por la UJAT a la empresa de la titular de la SEDEC, Mayra Jacobo.
Fue el reportero Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía, quien durante su intervención cuestionó a López Obrador por el contrato adjudicado previo a una licitación, de 25 millones de pesos otorgado a la empresa Industria y Diseño Textil del Sureste S.A de C.V., propiedad de la titular de la SEDEC, Mayra Jacobo Priego.
Sin embargo, este cuestionamiento no tuvo respuesta por parte del ejecutivo federal, ya que el reportero hizo dos preguntas más, y no insistió en el tema.
“Tabasqueños denuncian a la secretaria de Desarrollo Económico, a Mayra Elena Jacobo Priego, y a su empresa Diseño Textil del Sureste de haber obtenido de la Universidad Autónoma de Tabasco un contrato millonario para la confección de uniformes y acusan de tráfico de influencias”, cuestionó.
Es de mencionar que la polémica surgió el pasado 23 de diciembre de 2019, en donde mediante documentos exhibidos en redes sociales, circuló el acta de fallo de lo que se señalaba era una licitación pública nacional con el número LPN-29022001-006-19 para la adquisición de uniformes destinados a los sindicatos de profesores e investigadores, así como a trabajadores administrativos y de intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
En el documento se mencionaba a la empresa de la funcionaria como beneficiada con un contrato por parte de la máxima casa de estudios por un monto de veinticinco millones sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos.
En el documento se lee: “A la empresa “Industria y diseño textil del Sureste”, S.A DE C.V., se le adjudican las partidas de la 1 a la 109, que se refieren a la adquisición de Vestuarios, uniformes y prendas de protección personal de la presente licitación, haciendo un monto total por la cantidad de $25,069,437.44″.
Pero fue a inicios de febrero de este año, cuando el ahora rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, calificó como caso cerrado la polémica por esta adjudicación, y aseguró que dentro del proceso de entrega-recepción con la administración pasada, no tienen previsto revisar este convenio.
Puntualizó que de oficio la universidad no podía abrir este caso y si alguien lo solicitaba tenía que acreditar el interés jurídico.