Desde hace muchos años el discurso político ha caído en un brutal desprestigio. La demagogia, la promesa falsa, la distancia entre lo dicho y lo hecho han sido la causa.

A Javier Garciadiego, por su exitosa gestión en El Colegio de México.

La voz del orador ha de llenar la plaza del mercado y poder penetrar en cada rincón.

Aristóteles.

Lo peor que le puede pasar a un político es que su palabra pierda credibilidad. Equivale a que el bisturí del cirujano esté abollado o que el cemento del albañil no sea consistente.

La causa de los males en el gobierno de Peña Nieto radica en su incongruencia. Desde el famoso Pacto hasta el último decálogo, los propósitos no resisten el cotejo con la realidad. Las carencias son notables en todos los ámbitos. Desde lo económico y la seguridad, hasta el combate a la pobreza y el ataque a la corrupción.

Aquel lema de campaña, “Si lo prometo, lo cumplo”, se revierte brutalmente y suena a burla. Hay un notable vacío. Difícilmente la opinión pública recuerda alguna idea sustancial del Presidente. El segundo trienio arranca con una frase todavía más vacua y cursi: “Con muchas ganas y más fuerza”. ¿Para seguir ocultando verdades? ¿Para seguir en el incumplimiento de la ley? ¿Para seguir creyendo que puede haber corrupción y hacer buen gobierno? La lista de preguntas es interminable.

Desde hace muchos años el discurso político ha caído en un brutal desprestigio. La demagogia, la promesa falsa, la distancia entre lo dicho y lo hecho han sido la causa. Lo más grave es la expectativa generada por la transición a la democracia, que se supuso que rendiría cuentas y generaría legitimidad. Las encuestas y las mediciones de organismos nacionales e internacionales confirman nuestro descenso en todos los índices, propiciando el desaliento de la ciudadanía. Lo peor no es la caída de los políticos en lo individual, sino también el deterioro de las instituciones. Sin éstas, no puede haber gobernabilidad.

Recibimos lecciones de países a los que considerábamos inferiores en desarrollo político. Los escándalos de corrupción en América Latina, nuestra realidad más próxima, no van aparejados con la impunidad predominante en nuestro país. El caso de Guatemala es paradigmático. El asunto fue analizado por un organismo internacional, el presidente enjuiciado no se dio a la fuga y está enfrentando el proceso, el gobernante interino declara que el odio no es un derecho y que se aplicará la norma sin resentimiento.

El ejemplo al sur de nuestra frontera ha tocado las fibras más sensibles de los mexicanos. La gran pregunta es qué va a suceder en nuestro país. El elemento central de la crisis es la incertidumbre y el escepticismo. Prevalece el sentimiento de que nuestros males van para largo, sin percibirse una luz de esperanza. Como ha sucedido en otros momentos, hay el clamor por el hombre indispensable, por el líder carismático, por la mano dura; que se alcance la seguridad a cualquier precio, menospreciando el Estado de derecho.

Sin embargo, la historia ha desacreditado esta solución. El hombre sin límites en el uso del poder ha devenido en dictador y ha fortalecido la creencia de que no somos aptos para la democracia. Desafortunadamente, los primeros en tener esa convicción son la clase política y los partidos, que en lugar de alianzas en torno a principios han incurrido en complicidades y componendas. El Poder Legislativo, cuya principal función es la de vigilante, ha dado un espectáculo deplorable de negligencia e irresponsabilidad.

Sinceramente, no creo que hayamos vivido un momento tan crítico como el actual, con tantas amenazas en el horizonte. ¿De dónde podrá surgir una fuerza regeneradora que sacuda al Estado y a la sociedad para asumir los deberes elementales? Solamente el tiempo despejará la incógnita. Por el momento, seamos crudos en el diagnóstico, primer paso para entender la magnitud de nuestra crisis.

Por Juan José Rodríguez Prats