Luciano e Irving fueron la primera pareja de la comunidad LGBTTTI en poder contraer matrimonio en Yucatán sin necesidad de un amparo, sin embargo, señalan que nunca imaginaron que después de esto serían víctimas de discriminación y hostigamiento en el ámbito profesional. Dicen que todo comenzó a partir de su boda.
Desde el 19 de marzo, Luciano M.T. e Irving S.P. acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para interponer una queja, luego de que el día de su boda les negaron el permiso a contraer matrimonio en el Pabellón del Amor ubicado en Progreso, sitio que fue creado precisamente para este trámite civil.
En aquel momento, cuentan, ambos trabajaban en el ayuntamiento de Progreso y les ofrecieron apoyo para conseguir el permiso de la boda en dicho sitio; L.A.G.B. y A.B.V., les dijeron que se harían cargo y les avisaron que el pabellón estaba confirmado, fue hasta el día de la boda que, al llegar, no había registro del evento y, en las averiguaciones, acabaron por decirles que “atentaba contra la moral y las buenas costumbres” y no les permitieron casarse allí.
“Es un acto de discriminación porque ha habido otras bodas heterosexuales y a nosotros no nos dieron el permiso y desde que iniciamos el proceso en la Codhey empieza la ola de acoso y abuso de poder”, lamentó Luciano.
Reconoce que antes de ese momento habían trabajado sin ningún problema, él en el área de diversidad y su esposo en Prevención Social del Delito; el alcalde, Julián Zacarías Curi, en una junta de conciliación que tuvieron con él hace dos semanas, les dijo que estaba comprometido para investigar quién es la persona responsable de lo que están viviendo en sus trabajos, sin embargo, acusan que no ha habido ningún avance al respecto.
A.C.G.D., señaló Lucino, comenzó a acosar y hostigar laboralmente a Irving a partir de la boda, con lo cual también llegó acoso policiaco hasta el punto que decidieron dejar el departamento donde estaban rentando porque no se sentían seguros.
Luciano dijo que optó por dejar su puesto en el ayuntamiento.
Lamentó que ellos han presentado pruebas de los hechos discriminatorios en su contra y que la otra parte solamente tuvo que decirle a la Codhey “no es cierto” para que les exigieran más pruebas a ellos; dadas las circunstancias, continuarán con la exigencia de sus derechos por medio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la vía legal.
“Lo que pedimos es que no vuelva a suceder esto en Progreso, que a nadie le ocurran estos actos del ayuntamiento y que los departamentos que se crearon trabajen para la sociedad y no sean simulación”.
En este momento, “ya no queremos conciliar, que llegue el proceso a donde tenga que llegar”, pues asegura que hay intereses por cerrar el caso y arreglarlo de forma interna pero temen que al hacerlo de ese modo no les garanticen realmente sus derechos y apenas el 17 de junio, la Codhey nuevamente les envió que todo fue negado por la otra parte.
“Vamos a continuar con otras instituciones que puedan salvaguardar nuestros derechos”, finalizó Luciano. M.T.
Con información de La Jornada