La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados mantiene abiertas 15 investigaciones contra servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por denuncias que fueron presentadas desde 2019 a la fecha. Sin embargo, por tratarse de investigaciones abiertas, la Comisión, encabezada por el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, a través de la Unidad de Evaluación y Control, decidió reservar como información clasificada, durante cinco años, la información relacionada con dichas denuncias, como, por ejemplo, los actos irregulares que se acusan y, sobre todo, los nombres y cargos de los servidores públicos a los que se señala.

En respuesta a una solicitud de transparencia formulada por MILENIO, la Unidad de Evaluación y Control, que dirige David Villanueva Lomelí, informó que las 15 denuncias contra empleados de la ASF fueron presentadas entre el 3 de mayo de 2019 y el 31 de marzo de 2022. En la ASF trabajan 191 empleados de base y dos mil servidores públicos de confianza, repartidos en 46 áreas. En la solicitud, se requirió conocer datos sobre denuncias presentadas desde 2018, cuando tomó posesión el actual titular de la ASF, David Colmenares Páramo, a la fecha.

La Unidad de Evaluación y Control explicó que los expedientes todavía se encuentran en investigación y pendientes de realizarse diligencias y actuaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados. Detalló, además, que dichas investigaciones pueden dar origen al fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos en cuestión, por lo que se trata de asuntos aún no resueltos.

De acuerdo con la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Comisión vigila, a través de la Unidad de Evaluación y Control, que tanto el titular de la Auditoría Superior de la Federación, como los auditores especiales y los demás servidores públicos de la Auditoría se desempeñen en sus funciones conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a las demás disposiciones legales aplicables.

La Unidad argumentó la clasificación durante cinco años de la información requerida al considerar que difundirla infringiría el sigilo de la investigación, dañaría el debido proceso, se afectaría la objetividad de la indagatoria y se alteraría el procedimiento que deberá resolver, en última instancia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en caso de tratarse de conductas graves.