El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar requiere establecer acciones y estrategias medibles para evaluar los avances y resultados, señala.
Mérida, Yucatán, 12 de enero de 2016.- El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán consideró que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar es un primer paso para tratar de alcanzar la estabilidad social y económica que el país requiere, sin embargo considera que dicho acuerdo en primer lugar no incluye objetivos puntuales a considerar.
En voz del presidente de esta organización, Mario Can Marín, se requiere establecer acciones y estrategias medibles para evaluar los avances y resultados porque en el contexto del alza a la gasolina, para la iniciativa privada (IP), no es posible desembolsar más por insumos energéticos.
Recordó que ya de por si la volatilidad del dólar ha impactado en la elevación de los costos de producción, los cuales son absorbidos por las mismas empresas y que implicaría la posible pérdida de maquila en Yucatán.
Añadió que ya no es posible seguir exprimiendo a las empresas con impuestos disfrazados como el de la gasolina, cuando son las generadoras de empleos.
“Nos preocupa la pérdida de plantillas laborales en las empresas, así como el cierre de empresas que no puedan seguir pagando esta serie de incrementos e impuestos que tienen que cubrir”, afirmó.
Señaló que dicho acuerdo debió contener que los impuestos se reduzcan, como en el caso del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto Sobre la Renta; impactar en aquellas erogaciones de las empresas para que de tal manera ahorren y así la IP pueda compensar dichos incrementos.
Recordó que muchas empresas llevan más de un año sin elevar sus precios, sorteando los incrementos que se han venido dando en los costos, pero en este momento ya no es posible compensarlos.
Aclaró que no es que estén en contra del gobierno federal ni de las cúpulas empresariales ni del acuerdo, por el contrario, “estamos a favor de un acuerdo real, de compromisos concretos, medibles y cuantificables, en beneficio de toda la sociedad mexicana”.
Indicó que preocupa a la IP la molestia generalizada de la sociedad los incrementos que están sucediendo porque entienden el impacto en el poder adquisitivo y su repercusión en una disminución en las ventas de las empresas.
Asimismo, el cuestionamiento a la clase política que vive en abundancia, sin ser sensibles al tema, evidenciando una brecha entre la clase política y la ciudadanía.
Al CCE también le preocupa que muchos proyectos en Yucatán que ya se encuentran en marcha no concluyan debido a los recortes, por lo que el gobierno del Estado deberá priorizar su gasto para así absorber dichos recortes que se pudieran dar y que hagan que los proyectos se concluyan.
“Exhortamos a los tres niveles de gobierno a combatir la informalidad, que representa casi el 60% de la economía mexicana”, convocó Can Marín en representación del CCE.
También que se apliquen esquemas sencillos de pagos de impuestos para las empresas, o que los programas sociales no se dupliquen y que no sean utilizados con fines electorales y sí en beneficio de los más sectores vulnerables.