El Congreso infló artificialmente la importancia de los delitos fiscales al elevarlos al nivel de amenaza a la seguridad nacional y puso en riesgo de cárcel a personas inocentes al redactar la norma para sancionar a las factureras, estimó Luis Raúl González Pérez, ex titular de la CNDH.
Su consideración quedó plasmada en la acción de inconstitucionalidad en la que pidió a la Suprema Corte invalidar varios aspectos de la reforma antifacturera, vigente desde noviembre.
“Los ilícitos fiscales que nos ocupan no alteran la seguridad de la Nación”, advierte el ex ombudsman en la demanda presentada a mediados de noviembre, poco antes de terminar su gestión al frente de la CNDH.
Enfatiza en su recurso que el propósito de incluir el contrabando, el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos y la emisión de facturas por servicios inexistentes como amenazas a la seguridad nacional fue convertir a estas faltas en delitos de prisión preventiva forzosa sin tener que reformar la Constitución.
También destaca que la evasión fiscal se redujo de 5.6 por ciento del PIB en 2005 a 2.1 por ciento en 2016.