La extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos puede tardar meses o incluso años, dependiendo de la estrategia que utilice su defensa, además de que cuenta con una orden de reaprehensión para que termine de cumplir su sentencia de 40 años de cárcel, dijo el penalista Jorge L. Martínez Ocampo.

Explicó que la suspensión de plano otorgada por un juez federal, que evita su deportación o expulsión del país, o cualquier ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial, está prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

El gobierno de EU, dijo, tiene un plazo de 60 días naturales para presentar de manera formal la solicitud de extradición, pero será un juez de Distrito de Procesos Penales Federales quien conocerá de ese procedimiento. El experto señaló que una vez que se cumpla con el trámite, el juez tendrá que dar a conocer al requerido sobre la petición y los documentos que la acompañan, además de informarle sobre su derecho a un defensor.

Manifestó que después procede el juicio de amparo y en caso de que al requerido se le niegue la protección de la justicia podrá interponer un recurso de revisión, y dada la trascendencia del asunto, el caso puede llegar a la Suprema Corte.

Si se niega el amparo de manera definitiva y no procede mayor recurso, se notificará a EU para proceder a la entrega, lo cual debe ocurrir 60 días posteriores a los que haya quedado firme la resolución; si ese país no se hace cargo del extraditado, “puede quedar libre sin poder ser detenido”.

Casos como el del líder del cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén, ejemplifican la tardanza de este procedimiento, pues aunque EU solicitó formalmente la extradición del M–1 el 1 de abril de 2019, fue hasta mayo pasado cuando se concretó.