El presunto desvío de recursos, nepotismo, la ilegal destitución de regidores y otros actos de corrupción, tumbaron a la alcaldesa de Jalapa, Asunción Silván Méndez, quien decidió renunciar al cargo, junto con la mayoría de los regidores, tratando de evitar la justicia.
Sin precisar los motivos específicos que la llevaron a presentar su renuncia al cargo, la alcaldesa y otros 11 regidores propietarios, así como nueve suplentes, enviaron ayer al Congreso local, un escrito en el que notifican su separación del cargo.
No obstante, en febrero del 2019, Asunción Silván Méndez fue acusada de nepotismo, por tener en nómina a su esposo Héctor Cámara Priego como asesor, su tío José Silván Bastiani como Inspector de Reglamento; su tío Jesús Cruz de la Cruz, como secretario particular.
Asimismo, su tío José Manzur Pérez, figuraba como jefe de Taller Municipal; su primo José Andrade Cámara, director del Catastro; su primo José Andrade Peláez, como jefe de compras; su sobrino Eliud Méndez Priego, como inspector de Reglamento y su primo hermano Rafael Cornelio Cámara, como subdirector de Protección Ambiental.
En mayo de 2020, delegados municipales de Jalapa, acusaron a Silván Méndez de presuntos actos de corrupción por el desvío de 300 millones de pesos para distintas obras que no se ejecutaron.
DESAPARECEN PODERES
Ayer mismo, el gobernador, Adán Agusto López Hernández, envió un exhorto al Congreso, solicitando, la desaparición del Ayuntamiento, lo que podría derivar en la instalación de un Consejo Municipal, ante la renuncia de los regidores y para no caer en ingobernabilidad.
“En mi carácter de titular del Poder Ejecutivo tengo la facultad para realizar la petición de desaparición del Ayuntamiento mediante el procedimiento establecido en la norma, sin embargo, con las renuncias presentadas, las cuales solicito que conforme al ámbito de su competencia sean calificadas como graves, he optado porque sea este Congreso quien con plena autonomía resuelva lo que en derecho proceda”, señala el exhorto.
En su escrito el gobernador, reveló que la alcaldesa violó la constitución local y federal, al destituir la semana pasada a cuatro regidores por orden de la Contraloría Municipal, siendo facultad exclusiva del Congreso y será la Comisión de Gobernación la que analice la solicitud del Ejecutivo.


