El gobierno abrió una quinta denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la cual implica el desvío de recursos públicos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas de 2013 y 2014.
Se trata de un esquema similar al que hoy tiene a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en la cárcel, pues son convenios de Pemex con universidades públicas del sureste del país.
Las otras cuatro investigaciones que hay contra Lozoya son: Odebrecht y los sobornos a políticos; la pesquisa internacional a las empresas Tochos Holding Limited y Latin America Asian Capital; Altos Hornos México (AHMSA) y el trato con el empresario Alonso Ancira; y los vínculos con la empresa española OHL.
De acuerdo a la información hacendaria a la que tuvo acceso El Imparcial de Tabasco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene rastreado hasta ahora un posible faltante de 82 millones de pesos en convenios de Pemex Exploración y Producción (PEP) con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), pero también indaga el destino de
los recursos públicos entregados a universidades de Tabasco y Campeche.
Según la Cuenta Pública 2013, PEP y la UPCH suscribieron nueve convenios por mil 523 millones de pesos, a través de un mecanismo que permite eludir licitaciones públicas, simular los servicios y las adquisiciones.
En el caso de la UPCH, se concluyó que no contaba con la capacidad técnica para prestar los servicios, toda vez que realizó la subcontratación de terceros incumpliendo la normatividad, por lo que no pudo solventar las observaciones de la autoridad fiscalizadora.
“Se concluye que, en términos generales, la Universidad Popular de la Chontalpa no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, dice la ASF.
La lupa de la UIF también está en la Cuenta Pública 2014. Ese año a raíz de la Reforma Energética, Pemex siguió con el esquema de contratar servicios a universidades, como la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Tecnológica de Tabasco.